Poder Ejecutivo anunciará distintas medidas vinculados a la residencia fiscal a través de un decreto y una ley que enviará al Parlamento.
El Poder Ejecutivo se apresta a anunciar cambios vinculados a los requisitos para obtener la residencia fiscal uruguaya, así como una ampliación de los beneficios para los ciudadanos extranjeros que se radiquen en Uruguay.
Por un lado, a través de un decreto, el gobierno modificará los requisitos para obtener la residencia fiscal a raíz del patrimonio que se tenga en Uruguay. La legislación actual plantea que podrán hacerlo quienes tengan un patrimonio en el país de aproximadamente US$ 1,7 millones —su equivalentes en Unidades Indexadas (UI)— y se bajará a unos US$ 380.000 —equivalente a 3,5 millones de UI—. Como condición para este beneficio, se establece que la persona debe registrar una presencia física en el país durante el año civil de al menos 60 días.
También habrá una reducción de los requisitos para aquellos extranjeros que posean empresas en Uruguay y generen a partir de julio de 2020 al menos 15 puestos de trabajo directos en relación de dependencia. Hoy día pueden acceder a la residencia fiscal los ciudadanos de otros países con empresas con un valor superior a US$ 5,3 millones y el decreto baja ese requisito a US$ 1,6 millones.
Mientras que a través de un proyecto de ley que enviará al Parlamento, el gobierno se apresta a ampliar la llamada “vacación fiscal” que rige para los ciudadanos extranjeros que llegan al país. Hoy día por cinco años están exonerados del pago de Impuesto a la Renta por los rendimientos mobiliarios —intereses por depósitos bancarios, dividendos de acciones, bonos, obligaciones o títulos de renta fija, entre otros— y se ampliará el beneficio a diez años. A esto se suma que Uruguay no cobra tributos a las rentas generadas en el exterior por rendimientos inmobiliarios y por incrementos de patrimonio.
En enero, cuando aún era presidente electo, Luis Lacalle Pou había anunciado su intención de de flexibilizar algunas regulaciones sobre la residencia legal y fiscal en Uruguay para posibilitar la llegada de extranjeros que inviertan en el país.
El decreto dice que “la política del Poder Ejecutivo en materia de inversiones se basa, fundamentalmente, en ofrecer al mundo un país de oportunidades”. Por esto, “se impulsa una política de estímulo a la inversión como instrumento idóneo para la generación de empleo y mejora del bienestar general, para que puedan instalarse en el Uruguay todos los extranjeros que deseen elegir al país como destino de sus proyectos personales y económicos”. [fuente]